Por María Jesús Rodríguez, Historiadora del Arte y miembro del Consejo de Patrimonio.
El profesor de Historia del Arte, don Lorenzo Arias justifica en LA NUEVA ESPAÑA la actuación de la Consejería de Cultura en la restauración de «El Músico» de San Miguel de Lillo y, a falta de argumentos sólidos, insulta y descalifica a los «pedestres» ignorantes del PP. Y todo porque el diputado Alfonso Román López denuncia la situación irregular en que se ha producido la intervención de urgencia en esta pintura.
No merece la pena contestar en el mismo tono a tanto desatino. Achaca al PP que integre el patrimonio asturiano dentro de su «armamento logístico», pero lo cierto es que el mencionado artículo tiene un signo tan político que bien podría estar escrito por cualquier concejal o diputado.
Por otra parte, resulta sospechoso que cuando un diputado del PP denuncia la forma administrativa, y digo bien, la forma administrativa como se ha hecho la intervención en las pinturas de Lillo, rápidamente le salgan novios a los responsables de la Consejería de Cultura, que se dan por afectados antes que ellos. Y que quieren sustituir la mala tramitación que denunciaba el diputado por lo que ellos consideran críticas a la calidad de la restauración. A todas luces, pretenden desviar la atención del problema real. Esto no va de herir el orgullo del señor Puras o mermar el prestigio que pueda tener su empresa. Esto va, principalmente, de cumplir la ley, el procedimiento, y de las garantías que ambos aportan a cualquier intervención sobre un bien patrimonial.
Nada que objetar al restaurador. Ahora bien, no puedo dejar de hacer una reflexión, cuando el señor Arias alude al hecho de que el señor Puras haya intervenido desde 1993, en siete iglesias prerrománicas asturianas. Es de suponer que si desde el primero de esos siete contratos se hubiera diversificado la contratación a otros buenos restauradores habría un mayor abanico de profesionales donde elegir expertos. Y, lo que aún sería mejor para este patrimonio, «contrastar» opiniones. Nuevamente aquí no se está hablando del señor Puras, sino de la Consejería de Cultura, que no diversifica esos contratos a otros restauradores (negándoles, por tanto, que también adquieran experiencia y práctica en la restauración de pintura prerrománica).
Parece tener mala memoria, cuando descalifica las manifestaciones del concejal de Urbanismo en 2009. Sepa que también las hizo el 20 de octubre de 2010: cuando denunció -yo lo acompañaba- «el gravísimo deterioro» de «El Músico» y de la figura sedente, manifestó que ese estado de las pinturas era un «atentado al patrimonio», y culpó al Gobierno regional «por su desidia». En esas fechas, yo misma mantuve una conversación telefónica con el señor Arias, próxima a una hora de duración, sobre el estado de conservación de las pinturas de Lillo. A pesar de ser tan «pedrestres», parece que intentamos «contrastar» la información con los especialistas? Conservo las notas de aquella conversación. Me informó de que había hecho llegar un dossier de fotografías al entonces director general de Patrimonio, José Antonio Vega, «con la evolución de los daños en las pinturas» (palabras textuales). Añadió que «se debía ir ya a una consolidación de las pinturas, independientemente de que luego se hagan restaurar», que «son absolutamente delicadas», y que aún se podía «hacer una restauración-consolidación de las dos figuras; pero cuando estén en el suelo, no». Me confirmó además que «si antes se podían percibir colores y formas, ahora el ojo humano no lo puede percibir» y que «la intervención debía de ser ya». Para añadir que «el restaurador dijo que estaba mal, pero no con riesgo de caída». Es decir, disentían. En fin, ¿qué le reprocha entonces al señor Mortera? Fue impecable.
Si según el señor Arias la intervención debía «ser ya», e informa a la Consejería con documentación gráfica, ¿por qué no se atiende esa urgencia hasta mediados de noviembre de 2012? Si disiente de la opinión del restaurador -que en 2009 ya había informado que «no existía un peligro de desprendimientos inminente»- ¿por qué no redactó un artículo encendido mostrando su discrepancia? Cuando dice que el guión político del PP tiene cierto toque de ligera «perversión de la información», cabe preguntarse ahora dónde está la perversión.
Soy miembro del Consejo de Patrimonio desde hace años, en representación del PP. Entiendo que si no somos capaces de hablar claro cuando hay irregularidades, que además conllevan el riesgo de que se vuelvan a repetir, realmente no deberíamos estar allí.
El pleno del consejo del 11 de enero tenía 30 puntos en el orden del día. El último de ellos era el de San Miguel de Lillo. Los expedientes que se tratan en el consejo están a nuestra disposición 48 horas antes. Todos llevan diversos informes, previos a su paso por el consejo.
El expediente de Lillo constaba de tan sólo tres documentos. El primero, un único informe con fecha 8 de noviembre, emitido por una arquitecta de la Consejería, en el que partiendo de la solicitud por la Dirección General de Patrimonio, de un informe sobre «el estado de conservación de la zona de la figura del Músico», justificaba la adjudicación del trabajo al mismo restaurador que había realizado en 2009 un estudio preliminar, consistente en un «estudio visual», y especificaba las labores a desarrollar. Una de ellas, la «consolidación de urgencia de grietas y abolsados y fragmentos en proceso de desprendimiento». En aquel momento ya me resultó difícil comprender cómo un informe podía pasar de encargar un trabajo sobre el estado de conservación a un encargo de consolidación de urgencia. El segundo documento era la «toma de razón» del expediente por la comisión permanente del Consejo de Patrimonio, que habitualmente informa favorablemente o no los expedientes que van a pasar al pleno del consejo. El tercer documento, era la «Propuesta de actuación» de Puras, compuesto por dos hojas (incluido el presupuesto) y unas 25 páginas con fotografías. Era el expediente con menos documentación que he visto en el consejo. No había informes técnicos ni nada que justificara la urgencia. Solamente la propuesta de dos hojas de una empresa. Y todo esto, tratándose de unas pinturas del prerrománico, me pareció bastante serio. Sobre todo, porque los trabajos ya se habían acometido con anterioridad, en noviembre de 2012.
Un dato más que hacía saltar las alarmas era que en la «Propuesta de actuación», en la esquina superior derecha, se encontraba escrito a lapicero: «Plazo ejecución 13 dic.» (supuestamente, escrito desde la Consejería). Si el informe que solicita la Dirección General de Patrimonio sobre el estado de conservación es del 8 de noviembre, si la intervención ya se estaba haciendo el 17 de noviembre (tal como reflejaron los diarios regionales) y si en el expediente constaba que el plazo de ejecución tenía que ser el 13 de diciembre, vuelve a saltar otra alarma: estaba encima la fecha del cierre de los presupuestos de 2012. Quizá por eso el señor Arias dice que la intervención debía hacerse en tres semanas.
Ya en el consejo, a punto de dar las 10 de la noche, se nos informó de que se apagarían las luces del edificio y que debíamos finalizar. Estaba visto que no se iba a poder hablar de Lillo. No obstante, sí dio tiempo a que interviniera la restauradora. No voy a repetir toda su argumentación, pero sí que manifestó su desacuerdo con el modo en que la Consejería estaba haciendo la contratación de las restauraciones, y explicó lo que a su juicio, debería constar en ellas. La respuesta del director general de Patrimonio fue: «Hombre, parece mentira que digas esas cosas, siendo de la Administración». No sé cómo le sonaría a ella, pero a mí me sonó a un «cállate ya». Acto seguido, intervino otro técnico que también mostró su discrepancia por haber acometido la intervención como una urgencia, porque hubiese sido necesario contrastar con otros expertos las actuaciones a realizar, porque se debió pasar un procedimiento evaluador y porque se debió determinar la conveniencia de hacerlo de una determinada forma. Mientras hablaba, se apagaron las luces, quedándonos con las de emergencia, y levantándose la reunión. Apresuradamente pude manifestar mi desacuerdo con el modo en que se había actuado, incluso en el ascensor; de modo que, ya en la calle, le dije al director general que esperaba que el hecho de que Lillo estuviera en el punto 30 del orden del día no fuera para enmascarar otro Abamia.
Y es que este caso cada día tiene más similitudes con el proceso tras la intervención en la iglesia de Abamia, por lo que a una se le encienden ya todas las alarmas. Tenemos el mismo director general de Patrimonio, y como primer paso, ya han salido a la palestra quienes apoyan la actuación de la Consejería intentando acallar las voces que protestan.
De momento, la Consejera ya tiene una interpelación del PP en la Junta, para que dé explicaciones.
Por si a alguien quiere jugar a la confusión, aclarar una cosa más. Cuando Alfonso Román López solicitó la copia íntegra del expediente, y lo recibió el 11 de febrero, éste no estaba completo, ni era el mismo que se llevó al Consejo el 11 de enero. En la copia enviada a la Junta faltaba el informe de la arquitecta, contenía las dos hojas de la «Propuesta de actuación», y un nuevo documento, la «Memoria parcial» de la intervención entregada en diciembre de 2012.
El problema de base es que la ley de Patrimonio de 2001 se quedó ahí, ya que en doce años no han sido capaces de desarrollar su reglamento. No hay reglamento de arqueología, ni para intervenciones sobre edificios. Así las cosas, las intervenciones tienen que ser improvisadas. El vacío del reglamento es lo que permite retorcer la ley y da lugar a estas situaciones. No obstante, la ley de Patrimonio, aunque general, es clara. Las intervenciones de conservación o restauración en BIC requieren autorización expresa de la Consejería (50.1). La reconstrucción total o parcial queda prohibida, excepto las que tengan previa autorización de la Consejería e informe favorable del Consejo de Patrimonio (57.1.c), y se realicen en determinados casos. El consejo sí que tiene reglamento, dejando meridianamente claro que debe emitir informe previo, cuando haya un procedimiento de autorización de la Consejería para restauraciones, obras y demás intervenciones en BIC (3.2.7). Por otra parte, el artículo 51 exige la elaboración de un proyecto técnico. Solamente quedarán exceptuadas del requisito de proyecto técnico las actuaciones de emergencia, que deben acreditarse mediante informe de profesional competente. Y no se ha justificado en el expediente.
Han hecho una actuación imprudente, saltándose todos los mecanismos de control científico y técnico. Sin luz, ni taquígrafos. Interviniendo en las pinturas por la puerta de atrás.
Miedo da cuando el señor Arias asevera que el resto de pinturas del Prerrománico «seguirá la misma suerte». Confío en que esté mal informado. Porque cualquier intervención sobre el patrimonio debe hacerse con las garantías legales.
Durante su comparecencia en la Junta, en noviembre, la Consejera dio la impresión de que venía a resolver problemas enquistados desde hace más de una década. Confío en que no trunque esas expectativas a causa de una mala resolución de este asunto. Todo dependerá de la postura que adopte ahora en la Junta: una justificación asentada en argumentos sólidos, o una justificación tapadera.
