El Ayuntamiento inició hace 21 años la expropiación del
conjunto medieval de Olloniego. El trámite aún colea con parte de los
propietarios, pero la torre de Muñiz, el palacio con su capilla aneja y
el puente ya están en manos municipales tras depositar el justiprecio de
4,2 millones de euros. En manos municipales y en un estado deplorable.
El PSOE propuso el año pasado consolidar los edificios y recuperar el
entorno para uso público. El equipo de gobierno aceptó la propuesta y
ahora la acelera. El presupuesto reserva 200.000 euros para las mejoras,
pero una parte sustancial (42.000) se financiaría con recursos
ordinarios, que, de momento, no hay.
Con el proyecto redactado, el equipo de gobierno aprobó
la semana pasada cargar el total de las obras al préstamo, para poder
licitarlas de forma inmediata. A cambio, la transferencia de 3 millones
de euros a Cinturón Verde ya no dependerá tan solo de los créditos
bancarios pedidos este año. La mejora del conjunto se ha dividido en dos
actuaciones: la limpieza y desbroce de toda la parcela para suprimir la
vegetación exterior y el cierre de los accesos a la edificación y otra,
para crear un área recreativa con barbacoas, circuito de mantenimiento
físico, juegos al aire libre para mayores y niños.
En cualquier caso, se trata de un lavado de cara. Los
edificios seguirán cerrados y sin uso. Su restauración y
acondicionamiento costaría no menos de 5 millones de euros, según
estimaciones municipales. En las dos últimas décadas, el Ayuntamiento ha
barajado varias posibilidades para el conjunto, casi todas ligadas a la
hotelería u hostelería. Ninguna cuajó.
La propuesta socialista tenía una segunda parte de la que
nada se ha avanzado aún. La redacción de un plan especial en el que se
incluyese la construcción de 28 viviendas en el entorno del conjunto
medieval «para generar plusvalías» para el Ayuntamiento.
La decisión de expropiar el conjunto medieval se tomó en
1991. Cinco años más tarde, con una primera tasación en 6,6 millones de
euros, el Ayuntamiento quiso dar marcha atrás y anular el expediente
expropiatorio, pero la propiedad recurrió. El proceso entró en una larga
serie de pleitos, que concluyó con la fijación de un justiprecio de 4,2
millones de euros en 2008, al que los expropiados reclamaban añadir
otros 4,5 en intereses, hasta que el año pasado los tribunales fallaron
en favor de los intereses municipales.
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